La Universidad Nebrija acogió el martes 12 de febrero la conferencia “La Constitucionalización del Sistema Penal Dominicano”, en el marco de las actividades del Mes de la Dominicanidad que realiza la Embajada de la República Dominicana en España. Un encuentro que contó con la participación de Olivo Huertas, embajador dominicano en nuestro país, y Alejandro Moscoso, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien impartió la ponencia.
El magistrado consideró como positivo y de gran relevancia el proceso de constitucionalización que se ha ido ejecutando en todo el sistema de justicia dominicano, particularmente en lo referente al derecho penal y procesal penal, tendente a adecuar los mismos a la Constitución del 2010.
“En nuestra historia democrática, el funcionamiento del sistema de justicia penal se ha particularizado por ser formalista-positivista; tradicionalmente alejado de la Constitución, despersonalizado; que esquiva la solución del conflicto, apegado al trámite y que, en muchos casos, ha devenido en cómplice por acción u omisión, de la violación de los derechos humanos. Los mejores ejemplos son los regímenes totalitarios. El dictador Rafael Leónidas Trujillo, militarizó la justicia y se realizaban juicios sumarios”, expresó Moscoso Segarra.
El juez de la Suprema Corte de Justicia aseguró que “no basta con que la Constitución consagre los principios, derechos y garantías fundamentales, sino que se incorporen los mismos al proceso penal. Una vez logrado esto, es factible que mantengan la adecuada armonía en su relación”. En este sentido, el magistrado destacó que el proceso de constitucionalización del enjuiciamiento penal del país dominicano se ha acometido en mayor profundidad a raíz “de las reformas de las últimas dos décadas, en la búsqueda de un Derecho Procesal Penal más democrático”. Así, Moscoso Segarra afirmó que se había avanzado tanto en la inclusión en los textos fundamentales de normas que regulen el proceso penal –especialmente de aquellos que configuren garantías a favor de las personas involucradas en el proceso– como en la incorporación los códigos procesales y prácticas jurisdiccionales de los principios y reglas provenientes del Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, el embajador de la República Dominicana destacó la necesidad de colaborar en las distintas naciones para conjugar sistemas penales que faciliten las decisiones jurídicas más allá de las fronteras de las distintas naciones. “Vivimos en una aldea global y los fenómenos delictivos encontrarán muchos desafíos si no encontramos un sistema jurídico supranacional para juzgar los hechos que transfieren un solo espacio territorial”, explicó el diplomático.
