¿Brexit a la carta? Una historia sin fin

El referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 en el Reino Unido abría la puerta del Brexit de par en par. Lo que parecía impensable se hizo realidad. Quienes defendemos el papel vertebrador de la Unión Europea nos encontramos con que, en base a unos resultados muy ajustados que ponían de manifiesto la división del país, uno de los pilares de la democracia europea iniciaba el camino de salida de las instituciones que han transformado Europa. La suerte estaba echada, pero pocos imaginábamos que el camino iba a ser tan largo y tortuoso para llegar a un final que, aún hoy, a menos de cuatro meses de la fecha oficial de su salida, sigue siendo incierto para todas las partes involucradas.

El pasado 25 noviembre, la cumbre del Consejo Europeo ratificaba un acuerdo histórico de más de 500 páginas en el que casi nada se dejaba sin resolver respecto a cómo debía ser el Brexit y todos respiramos aún más tranquilos una vez salvado el escollo del posible veto español al acuerdo en base a la situación de Gibraltar.

Parecía que todo estaba ya claro. Teníamos acuerdo de divorcio sobre lo que debía pagar el Reino Unido a la UE por su salida (algo más de 43.000 millones de euros), sobre el respeto de los derechos preadquiridos por los ciudadanos europeos residentes allí y, curiosamente, acerca de lo que se iba a transformar en el mayor escollo: la controvertida “cláusula de salvaguarda” respecto a la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte en caso de no encontrar una solución a la problemática de futuro y que ha supuesto el problema con el que, aparentemente, se enfrenta actualmente Theresa May.

Un país dividido respecto de la salida de la UE y, por extensión, una crisis abierta dentro del propio partido de Gobierno han llevado a que May no haya podido celebrar la votación del acuerdo en el parlamento británico, que debería haberse celebrado el pasado día 12 de diciembre, poniendo en grave peligro de cumplimiento la fecha límite para la salida del Reino Unido –el próximo 29 de marzo de 2019– y abriendo la posibilidad de un escenario de no acuerdo, o no deal, que podría tener consecuencias terribles para ambas partes.

Todo ello mediatizado, además, por la rápida decisión del Tribunal de Justicia de la UE respecto a la cuestión prejudicial planteada por un tribunal británico y que permitía que, antes de la firma del acuerdo, fuera aún posible retirar la petición de salida de la UE y, en palabras del tribunal, quedara manifiestamente claro que “tal revocación, decidida de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales nacionales, tendría el efecto de que el Reino Unido permanezca en la UE bajo términos que no han cambiado”.

La realidad es que la debilidad del Brexit en sí mismo y la división del partido en el Gobierno no deberían permitir que se produzca una marcha atrás en el acuerdo que tantos meses de negociaciones ha costado, ni tampoco posibilitar una nueva votación de la decisión. Sin duda, es demasiado osado plantearnos un escenario como el que nos están intentando mostrar y bajo ningún concepto debe ser aceptado por los jefes de estado y de Gobierno que se reunirán en Bruselas para intentar maquillar un fracaso que ya agota a todas las partes y que se está transformando en una historia sin fin.

Justificar un no acuerdo basándonos en el problema de la cláusula de salvaguarda respecto a la frontera dura o suave entre Irlanda e Irlanda del Norte no debería resultar un problema tan grave como para forzar la no aprobación del mencionado acuerdo. Sin ir más lejos, tenemos ejemplos de acuerdos de ese estilo entre la UE y terceros países que llevan años en vigor sin que se hayan presentado mayores problemas.

El miedo a un nuevo referéndum, o el tan temido no deal, deberían ser razones de suficiente peso para permitir a la primera ministra terminar su mandato como había prometido, con la aprobación del acuerdo de salida. Llegados a este punto, el Reino Unido debe abandonar sin más dilación la UE. Es inviable hacer más concesiones a la galería que nos producen una sensación de hastío y aburrimiento a todos los ciudadanos europeos y me atrevería a decir que también a los ciudadanos británicos.

Me gustaría recordar especialmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 18 de septiembre de 2007, que tanto leo a mis alumnos, en la cual el Reino Unido solicitaba la anulación de un reglamento en el cual se le denegaba formar parte de manera parcial de los acuerdos dentro del marco Schengen, como pretendían. En la misma, la Comisión Europea criticaba con dureza y establecía en uno de sus fundamentos que la integridad del acervo de Schengen era fundamental a la hora de aceptar nuevas propuestas de incorporación al acuerdo y, de manera muy especial, comentaba específicamente que “es cierto que el Protocolo de Schengen prevé la participación parcial de un Estado miembro que no forma parte de los Acuerdos de Schengen, pero no hasta el extremo de establecer una opción «a la carta» para los Estados miembros interesados”.

Siempre me ha parecido muy precisa esa expresión, “a la carta”, para definir la forma en la que el Reino Unido ha ejercido sus derechos mientras ha sido miembro de la UE. ¿Debemos, pues, permitir a cualquier precio esa opción respecto de su salida? Personalmente creo que eso no debería pasar que bajo ningún concepto.

Jordi Regí Rodríguez
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nebrija

Artículo publicado en Cinco Días el 14 de diciembre de 2018

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